Hablemos de vacunas. Para discutir sobre esto, al menos divisemos un panorama general reconociendo la inequitativa concentración de compras de dosis en países con ingresos altos a pesar del COVAX (acapara 2% de la producción), la carrera por desarrollar la fórmula, la injusta diferenciación de precios para su venta, todo esto mientras por coincidencia salen a la venta más acciones de farmacéuticas y se firman contratos donde son exonerados de responsabilidad ante incertidumbres. La inoculación no es una receta mágica para regresar a la normalidad, menos si no se consideran los determinantes que intervienen en la enfermedad, lo que tal vez sí sea, es una herramienta política propuesta por muchos candidatos a la presidencia de nuestro país en el área de salud, ignorando completamente la complejidad del problema y las repercusiones que puedan existir de no tener una visión más amplia de los hechos.
Las 8 mil primeras personas que serán vacunadas en el Ecuador podrán corroborar la eficacia de la solución que la ciencia está dando al COVID 19, entre estos afortunados encontramos como era de esperarse, a muchos servidores públicos que no estuvieron precisamente atendiendo en hospitales en áreas UCI, sino más bien sentados detrás de un escritorio. Así, aunque con algunos retrasos en las entregas al país, se mantiene en pie el objetivo de vacunar alrededor del 60% de ciudadanos hasta finales de este año. No obstante, la población es un poco escéptica no solo sobre su boleto en este sorteo de priorización, sino también sobre el cumplimiento de estos plazos y más aún sobre los efectos secundarios que podrían ocasionarles las dosis.
Si bien es cierto, el período de pruebas clínicas se aceleró y se otorgaron permisos especiales de parte de instituciones reguladoras de salud para sus respectivas aprobaciones y distribución, también es cierto que cualquier vacuna o medicación tiene efectos colaterales en un porcentaje mucho menor al de éxito. Así, los casos reportados de personas con síntomas después de la vacunación o de incluso casos de defunción, podrían no vincularse causalmente por la inmunización. Esta incertidumbre es propia de cualquier estudio, y mucho más de uno realizado en tan poco tiempo, no obstante, tomemos en consideración que, junto con el proceso científico respectivo, se suman la cantidad de años de estudio y experiencia de los profesionales a cargo en todo el mundo, junto con el fuerte incentivo legal de no ser sujeto de demandas por negligencia médica. La verdad puede ser compleja, no dejemos que la influencia masiva que puedan tener ciertas noticias falsas y páginas en redes sociales nos convenza de argumentos parciales o con conflicto de intereses, mientras forman eco en el débil criterio pasional popular.
Ahora bien, ¿Y qué pasa con todas las muertes que siguen ocurriendo en países donde ya se administró la inoculación? Estos casos también se podrían asociar a complicaciones del cuadro de salud de personas ya catalogadas como vulnerables, es decir, personas seleccionadas por presentar varias enfermedades (comorbilidades) y/o que pertenecen a la tercera edad, aunque tampoco se puede ignorar el supuesto de que algunos o unos cuantos de esos fatídicos casos estén relacionados con la inmunización, entonces no lo sabremos con certeza hasta que se terminen los estudios correspondientes y decir lo contrario sería totalmente impreciso e innecesariamente amarillista.
Consecuentemente, la que podría ser una de las preguntas más interesantes de todo esto implica no solo si podremos afrontar los costos monetarios de las compras de vacunas, o el reto en cuanto a distribución, si no, identificar si estamos dispuestos a correr ese porcentaje de riesgo de error, es decir, si todos los medicamentos o incluso procedimientos pueden salir mal, y esta, que parece ser la única solución para la pandemia, también puede involucrar el perjuicio de algunos, por el bienestar de otros miles o millones de personas, ¿lo vale? Tal vez si no estamos dentro de ese pequeño porcentaje de fallo, o tal vez si no existiera por completo, no habría grupos autodenominados “antivacunas”. La realidad es que sí existe ese porcentaje de riesgo y dados intereses particulares y necesidades inmediatas colectivas, tal vez la respuesta sería: debemos, y entonces la ética, como en tantos procesos políticos, se amoldaría al envase del emisor.
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