En el cumpleaños número 1 de la pandemia recordamos el desfile de varias figuras públicas como voceros de cambio y de tiempos mejores, sin embargo, el único cambio que existe es el de nuevas y nuevas manos que apuestan por una mayor tajada de un país que ya no puede soportar tanta corrupción.
La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario publicada a mediados del año anterior, suponía un recurso legal, estratégico e institucional importante hasta para el más escéptico, porque en tiempos de crisis, todos somos creyentes. Sin embargo, analicemos un poco más sobre otros aspectos que están pasando en la práctica. No es un misterio que muchos profesionales de la salud fueron despedidos y otros pocos pudieron obtener un nombramiento definitivo gracias a la Ley Humanitaria.
No obstante, en cuanto a empleabilidad también hubo muchos otros a quienes la ley no necesariamente les representó un beneficio, ese es el caso por ejemplo de los cientos de posgradistas en neumología, especialmente de los becarios Senescyt que, contra toda lógica, tienen muy difícil el panorama para realizar rotaciones. Aparentemente el IESS, desde la publicación de la Ley Humanitaria, cerró sus puertas para estos profesionales de la salud, a pesar de que no les tienen que pagar nada porque pues, para eso está el Senescyt.
Entonces, si dejamos de lado el supuesto de que la institución estaba suficientemente desinformada para prohibir el acceso a posgradistas que están a punto de graduarse en la especialidad más importante en esta pandemia, tal vez una de las razones plausibles para que esto ocurra es la necesidad de priorizar el gasto. Es innegable que no existe una teoría única sobre priorización óptima de recursos si hablamos del Estado, pero el desfalco sinvergüenza que estamos viviendo tampoco se supone que forma parte de ninguna teoría.
Al contrario, el negarles las rotaciones a estos estudiantes incurría en pérdidas millonarias para el país, como efecto inmediato está el hecho de que se cerró esta especialidad por falta de plazas para realizar las rotaciones; a mediano y largo plazo se tendrá entonces, la experiencia incompleta de todos estos profesionales en otras patologías diferentes de las derivadas del COVID 19 que se ven en el IESS, lo que se traduciría en falta de eficacia de todo el sistema de salud y, grosso modo, perdidas en años de vida ajustados a la calidad (QALYs) o años de vida ajustados a la discapacidad (DALYs) y en términos más crudos, también se está afectando a las personas como capital humano, sin mencionar en los recursos económicos perdidos directamente de la Senescyt.
Toda norma o ley siempre tiene beneficiados y a otros que no precisamente obtienen algo de ello, por eso recordemos que la pandemia está muy lejos de terminarse, pero existen todavía otras patologías que son una amenaza, necesitamos buenos médicos, y es nuestro derecho constitucional el acceso de calidad a la salud, así como a la educación. Lamentablemente los vacíos en cuanto a seguridad jurídica, hace necesaria la atención a estos grupos que se ven en desventaja con leyes como la humanitaria, no solo en cuanto a lo ejemplificado aquí si no en todo tipo de aristas.
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