Autora: Johanna Guerra Uscocovich
En la última década nos han contado la misma historia, una en donde los empresarios y las empresas son los malos del relato, ha sido tanta su repetición y persistencia en el tiempo que la gente lo ha creído. Sin embargo, las compañías juegan un papel importante en la económica de cualquier país al ser productoras de bienes, prestadoras de servicios, generadoras de empleo, sin olvidarnos que pagan tributos.
Al ser la empresa un pilar esencial para la economía el Ecuador no ha tomado en cuenta su importancia y, en consecuencia, tiene leyes ineficientes para recuperar una empresa de la crisis. Cuando una compañía se enfrenta a una crisis son muchos los afectados: sus accionistas, trabajadores, consumidores, proveedores, etc. En otras palabras, no solo los empresarios son quienes asumen las pérdidas que ocasiona la quiebra o el cierre de las empresas sino todos quienes se desenvuelven alrededor de su giro de negocio.
Hasta antes de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 la legislación ecuatoriana contaba con la Ley de Concurso Preventivo (LCP), que tenía como objetivo celebrar acuerdos o concordatos entre las empresas y sus acreedoras para que pudieran reestructurar su deuda y mantener el negocio andando. Cabe mencionar que, desde su promulgación en 1997, dicha ley ha sido ineficiente para lograr su cometido, debido a que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, autoridad competente para conocer
sobre el concurso preventivo, solo ha admitido a concurso 27 casos es decir 1,3 al año [1].
Con la pandemia, el legislador promulgó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (LOAH), que tiene como principal objetivo combatir la crisis sanitaria a través de medidas que fomenten la reactivación económica y productiva del país. Esta ley prevé mecanismos para la crisis de las empresas, por ejemplo: el concurso preventivo excepcional para comerciantes y todas aquellas instituciones mercantiles que deseen hacer uso de este; lo cual es un avance dentro de la normativa ecuatoriana, ya que, según Primicias, de enero a junio de 2020 las cancelaciones, liquidaciones y disoluciones de empresas han disminuido en un 54,7% comparados con las de enero a junio de 2019 [2].
De esta manera, la LOAH pone como subsidiaria a la LCP hasta el año 2023, cuando según mandato de ley acaba su competencia sobre el procedimiento de concurso preventivo. No obstante, la promulgación de la LOAH deja abierta la interrogante sobre que pasará una vez concluido su periodo de operación. A pesar de que muchos la consideran beneficiosa cuando acabe su competencia se regresará a la ineficiente LCP, debido a que el legislador nada ha dicho al respecto.
Con un nuevo Presidente este 11 de abril solo queda preguntarse si existirán medidas que impulsen al sector económico, no solo para aquellas empresas que están iniciando, sino también, para aquellas que se han mantenido en el tiempo y enfrentan una crisis que puede ser solucionada con regulación que beneficie sus intereses; pero una cosa sí se sabe, necesitamos una normativa flexible que favorezca a las empresas en crisis y que las impulse a operar, producir o en ciertos casos terminar de manera eficiente
Referencias:
[1] Esteban Ortiz y Paúl Noboa, "Acuerdo pre concursales y concurso preventivo excepcional en Ecuador: Análisis de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitarios para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19" (2021) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3773739
[2] Gabriela Coba, "676 compañías se cancelaron, disolvieron o liquidaron hasta junio", Primicias (2020) https://www.primicias.ec/noticias/economia/companias-cierre-disolucion-liquidacion-junio-2020/
Comments